Tras la escalada de 2023 entre Israel y Hezbolá, el desplazamiento interno volvió a marcar la vida de miles de libaneses, evocando recuerdos de 2006 y de conflictos anteriores, pero revelando con mayor nitidez profundas desigualdades. No todas las familias desplazadas viven la misma experiencia, y no toda huida del peligro se mide únicamente por el miedo. También se mide por la capacidad de comprar seguridad, y por la posibilidad de transformar un desplazamiento forzado en una estancia relativamente cómoda, muy distinta de las imágenes de escuelas abarrotadas y refugios improvisados.
Esta es la provocación central del estudio reciente de Jasmin Lilian Diab, titulado “Who gets to see the sea?”. La pregunta no es retórica, sino una lente analítica para comprender la geografía estratificada del refugio en el Líbano. Basado en cuarenta entrevistas en profundidad con familias libanesas desplazadas del sur del Líbano y de los suburbios del sur de Beirut hacia ciudades costeras más seguras y acomodadas, como Biblos y Batroun, el estudio muestra cómo el estatus socioeconómico moldea de manera decisiva las trayectorias del desplazamiento.
Los hallazgos revelan una fractura clara. Las familias con recursos económicos pudieron, en muchos casos, alquilar viviendas privadas, a veces amuebladas, a veces con vistas al mar, y mantener una relativa continuidad en su vida cotidiana. Su desplazamiento, aunque provocado por la inseguridad, pudo gestionarse como una transición controlada. En cambio, las familias con menos recursos se vieron confinadas a refugios colectivos saturados o a soluciones precarias, con un apoyo estatal limitado e irregular, y con una vulnerabilidad que se profundizó en lugar de disminuir.
Diab describe esta dinámica como la “privatización del refugio”. Cuando el Estado no logra organizar una respuesta equitativa y coordinada, el alojamiento se convierte en una mercancía y la seguridad en algo que se compra, más que en un derecho garantizado. En este contexto, no es solo la geografía la que determina los destinos del desplazamiento, sino la clase social. Los ahorros, el acceso al mercado de alquiler y las redes familiares y sociales se convierten en recursos esenciales para la supervivencia. El desplazamiento deja de ser una experiencia nacional compartida y pasa a ser un fenómeno profundamente jerarquizado.
La crueldad de esta jerarquía no es únicamente material. El privilegio económico también permite una distancia simbólica frente al estigma del desplazamiento. El estudio muestra cómo algunas personas desplazadas con mayores recursos rechazaron incluso definirse como “desplazadas”, presentándose como inquilinos temporales o visitantes. Esa redefinición protege su estatus social, su dignidad y su autoimagen. La pobreza, por el contrario, genera un doble desplazamiento: del hogar y de la posición social, de la autonomía y del control sobre la propia vida.
Para explicar estos procesos, el artículo emplea un marco teórico multidisciplinar que vincula las jerarquías de movilidad, la privatización del refugio y las geografías de clase. El mensaje central es claro: en Estados frágiles, el desplazamiento no es una experiencia uniforme. Es desigual, depende de la clase social y está moldeado por la negligencia institucional que obliga a las personas a recurrir a medios privados. La implicación es tanto académica como política: las respuestas humanitarias que ignoran la dimensión de clase corren el riesgo de reforzar las desigualdades existentes, al dejar que el mercado y las redes informales decidan quién accede a la seguridad.
En el Líbano, la pregunta “¿Quién puede ver el mar?” no trata realmente de una vista. Es una cuestión de dignidad, de quién puede alejarse del peligro sin perder su estatus, y de quién queda relegado al hacinamiento, la exposición y el estigma, como si la ciudadanía tuviera niveles, y como si la supervivencia fuera un privilegio.
