Entre dos propuestas de modificación de la ley electoral y una controversia en torno al proyecto de ley sobre el “ordenamiento financiero y la recuperación de los depósitos”, el Parlamento vuelve al primer plano como escenario de confrontación entre títulos nobles y una realidad política, de seguridad y económica cargada de crisis. Desde la obligatoriedad del voto bajo pena de multa, hasta la conversión de las gobernaciones en circunscripciones electorales, pasando por el conflicto sobre el mecanismo de aprobación de la ley de la brecha financiera, todas estas trayectorias convergen en una sola pregunta: ¿producen los textos una reforma real, o se utilizan como fachada para luchas de poder y la paralización de las instituciones?
El voto obligatorio: ¿deber sagrado o carga adicional?
La propuesta de modificar el artículo 3 de la Ley Electoral n.º 44 de 2017 ha reabierto el debate sobre el voto obligatorio, al sustituir la lógica del derecho por la del deber e introducir una multa para quienes no voten sin una excusa legítima. Las excusas previstas incluyen el impedimento legal, la enfermedad o discapacidad, el ejercicio de una función pública y la fuerza mayor. La propuesta va más allá al encomendar a la mesa electoral la tarea de elaborar un acta con los nombres de los abstencionistas y remitirla al juez penal unipersonal conforme a un procedimiento sumario.
En principio, el planteamiento se basa en una idea antigua: la legitimidad representativa se debilita cuando las autoridades se construyen sobre tasas de participación modestas, y una amplia participación refuerza la validez y credibilidad de la representación. También evoca precedentes libaneses que se remontan a la década de 1950, cuando el voto era obligatorio para determinadas categorías, con multas y excusas similares.
Pero la paradoja es que la propuesta, según una lectura crítica, reproduce el mismo eslogan sin abordar los obstáculos que hacen del voto en el Líbano un acto arduo para amplios sectores de la población. La preparación de los centros de votación para personas con discapacidad sigue siendo incompleta; el elector continúa vinculado a su lugar de registro pese a las migraciones internas y los cambios de residencia; y la presión política se renueva a través del dinero, las armas, el clientelismo y el discurso incitador. A ello se sumaron las consecuencias de la guerra reciente, con su destrucción y desplazamientos, que añadieron un nuevo obstáculo a la posibilidad real de acceder a las urnas.
Aquí aparece el megacentro como una solución conocida, pero congelada por el desacuerdo político entre los bloques. Esto significa que la obligatoriedad del voto podría convertirse, en lugar de fortalecer la participación, en una carga para quienes no pueden votar y en un castigo dentro de una estructura electoral injusta o en un entorno que no garantiza una libertad de elección equitativa.
La aplicación: tribunales saturados y multas sin efecto
El voto obligatorio plantea automáticamente la cuestión de su aplicación. La propuesta otorga al juez penal unipersonal la competencia para conocer de las infracciones, al estilo de experiencias comparadas, pero trasladar este modelo al Líbano choca con un obstáculo práctico evidente: la probabilidad de saturación de los tribunales, en un momento en que el poder judicial ya sufre carencias de recursos humanos y materiales.
El texto señala además que la eficacia de la obligatoriedad requiere un sistema de ejecución integral, que incluya la posibilidad de presentar excusas con antelación, mecanismos para limitar la acumulación de expedientes, una gradación de sanciones y una discrecionalidad judicial que permita no imponer la multa en determinadas circunstancias. Por el contrario, la ampliación de la obligatoriedad a residentes y expatriados podría vaciar la sanción de su efecto disuasorio, debido a la acumulación de casos y al retraso de las sentencias, haciendo que el objetivo declarado se diluya y que el texto se convierta en una proclamación sin aplicación.
En el trasfondo del debate surge una cuestión filosófica fundamental: ¿tiene el ciudadano el derecho a abstenerse de votar como parte de la libertad de expresión política, o es el voto una función ejercida en nombre de la nación dentro de la teoría de la soberanía nacional, que convierte al diputado en representante de la nación en su conjunto? Esta tensión entre soberanía nacional y libertad individual sigue sin una respuesta definitiva, mientras el texto advierte que la obligatoriedad puede conducir a votos en blanco, votos aleatorios o anulaciones deliberadas, privándola de toda utilidad democrática.
Las gobernaciones como circunscripciones: del espíritu de Taif a la mercancía del tira y afloja político
Paralelamente a la propuesta de voto obligatorio, surge otra iniciativa para modificar la ley electoral, basada en adoptar las gobernaciones como circunscripciones electorales en lugar de las circunscripciones grandes y pequeñas actualmente vigentes. Los promotores de la propuesta presentan argumentos aparentemente reformistas: simplificar el sistema, limitar la manipulación del trazado de distritos y reforzar la claridad de las circunscripciones.
Sin embargo, una lectura crítica sitúa esta propuesta en su contexto histórico y político. El Acuerdo de Taif habló de elecciones sobre la base de las gobernaciones, pero lo vinculó a una revisión de la división administrativa, lo que convierte el eslogan en algo difuso en un país donde las gobernaciones pueden crearse o modificarse por ley. Con la creación de gobernaciones de carácter mayoritariamente confesional, la ampliación de la circunscripción pierde su supuesto efecto de fomentar la cooperación interconfesional, e incluso puede producir resultados contrarios dentro de un sistema proporcional combinado con el voto preferencial.
Más aún, el debate sobre las gobernaciones se ha transformado en material de intercambio político y confesional, esgrimido por un bando y rechazado por otro, no como una reforma técnica, sino como una herramienta de equilibrios y exclusión. Así, la propuesta pasa a formar parte de un juego de mejora de posiciones negociadoras, no de un proyecto integral de reforma electoral.
La brecha financiera: ¿disputa interpretativa o pretexto para el bloqueo?
En una línea paralela, ha surgido una controversia constitucional en torno al proyecto de ley sobre el ordenamiento financiero y la recuperación de los depósitos, tras su aprobación en el Consejo de Ministros y su remisión al Parlamento. El núcleo del conflicto gira en torno a si el proyecto requiere la aprobación de dos tercios de los ministros, por considerarse incluido entre las cuestiones fundamentales previstas en el artículo 65 de la Constitución, o si puede aprobarse por mayoría simple.
La lectura jurídica indica que el problema no radica en la ambigüedad del texto en sí, sino en el uso del caos interpretativo para bloquear las instituciones. El Consejo de Ministros adoptó una interpretación que permite la aprobación por mayoría simple, y el Presidente de la República firmó el decreto de remisión dentro del plazo constitucional, reflejando el ejercicio de sus competencias. El Parlamento sigue siendo el escenario de la resolución política, donde el proyecto debería debatirse en comisiones y luego en el pleno, en lugar de convertirse en un instrumento de bloqueo previo.
Al reunir estas tres trayectorias —el voto obligatorio, las gobernaciones como circunscripciones y la ley de la brecha financiera— se perfila una sola imagen: proyectos adornados con el vocabulario de la reforma, pero que chocan con una realidad electoral no preparada, con un equilibrio de fuerzas que controla el curso de la legislación y con un entorno político capaz de transformar cualquier texto en una herramienta de conflicto y paralización.
La crisis del Líbano no es una falta de ideas, sino la ausencia de voluntad para construir un sistema integrado que haga de la ley un medio de cambio, y no simplemente un título elegante añadido al archivo de las crisis.
